Ayer, cuando vi la Plaza Sol, me vinieron a la mente las imágenes del 15M. Corrían los últimos meses de Zapatero, cuando jóvenes y no tan jóvenes salieron a la calle de forma silenciosa y pacífica. Algunos todólogos, compararon aquel fenómeno sociológico con el mayo francés. Los indignados de Hessel gritaban al unísono contra el descontento sistémico. Se quejaban, entre otras cosas, de la tasa de paro juvenil (que rondaba el 50%), el bipartidismo político (que no los representaba), el rescate a los bancos y la lacra de los desahucios. Hoy, una señora llamada Maricarmen ha encendido la llama del 15M. Su desahucio, a los 87 años, por un fondo buitre ha sido la gota que ha colmado el vaso. Ella, Maricarmen, representa un perfil sociológico que sufre "el querer y no poder" comprar una vivienda. Aunque estamos ante una Tasa de Actividad que roza el pleno empleo, el acceso a la vivienda se convierte en una quimera para millones de ciudadanos.
Hace cuatro años, en CaixaForum Madrid, impartí una conferencia sobre "la generación en crisis". Allí hablé de precariedad laboral y, sobre todo, del problema de la vivienda. Decía que, en un futuro no muy lejano, los jóvenes se verían obligados a salir a la calle. Hoy, aquellos pronósticos son una realidad. Aunque el derecho a una vivienda digna sea un derecho contemplado en la Constitución, el ejercicio de este – el alquiler o compra – se convierte en una aventura ardua. Los precios desorbitados de la vivienda, así como el de los alquileres, interfieren en la independencia de nuestros jóvenes. Tener un contrato fijo se ha convertido en una condición necesaria, pero no suficiente. El coste de la vida es tan alto que la generación de hoy está condenada a vivir peor que la de sus padres. Alquileres de ochocientos y mil euros al mes suponen más del sesenta por ciento de los ingresos particulares. Existe, por tanto, una indignación social contra esta sinrazón del mercado inmobiliario. Maricarmen no es un caso aislado, sino que representa a millones de ciudadanos que empatizan con su situación.
Más allá del "Decreto Maricarmen", el problema del alquiler pasa por los caseros y rentistas. El desequilibrio de un mercado imperfecto, donde la demanda triplica a la oferta, sitúa en una clara ventaja a los propietarios. Propietarios que, en lugar de depositar sus ahorros en otras alternativas de inversión, apuestan por el alquiler como prioridad. La rentabilidad que otorga un alquiler está en ventaja con otros activos financieros. Ahora bien, lejos de este negocio, la vivienda es un derecho que debe proteger el Gobierno. Tal y como decía Keynes, el Estado debe intervenir ante los fallos o errores del mercado. Y en este caso, el marcado inmobiliario se comporta como si fuera un capitalismo salvaje de sálvese quien pueda. De ahí que existan precios abusivos que rinden a una cultura de subasta. Así las cosas, el Estado debe poner freno a esta burbuja que favorece a los rentistas y perjudica a los inquilinos. Hace falta que se construyan viviendas de protección oficial y se aumenten las ayudas al alquiler. Se debe poner freno a la especulación. Y para ello, se necesita un Pacto de Estado por la Vivienda (PEV) que desarrolle directrices en política de vivienda. Directrices, como digo, que vayan más allá de los intereses partidistas y territorialistas.









